sábado, 16 de junio de 2007

REFORMA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO

Hugo Villanueva

Mendoza, Junio de 2007




Una política de Reforma del Estado debe ser pensada desde los objetivos estratégicos a implementar por medio de políticas públicas desde el Gobierno Provincial, y teniendo en cuenta las limitantes reales que la actual estructura y prácticas de la Administración Pública pueden oponer a estos designios.



Compromiso Popular sostiene que es preciso “consolidar una democracia real, con pleno protagonismo popular, que asegure la igualdad de oportunidades a todos los habitantes de nuestro suelo, actuales y futuros, el reconocimiento de los derechos de nuestros pueblos originarios, la protección del medio ambiente, la justa distribución de la riqueza; comprometiendo el esfuerzo constante de sus afiliados para concretar la felicidad de pueblo y la grandeza de la Nación; hermanados con todos los pueblos que luchan por su liberación y autodeterminación soberana, y muy especialmente por la unidad Sudamericana”.


Si estos son nuestros objetivos, la Administración Pública Provincial, considerada como instrumento, no es apta para alcanzarlos, ya que, y en forma muy somera:


►El proceso de ingreso de sus agentes responde mayoritariamente al sistema clientelar de la vieja política.


►Se encuentra estructurada según los parámetros de una organización burocrática de tipo weberiano, que sólo permite la comunicación en forma vertical, impidiéndola entre unidades al mismo nivel, lo que favorece la compartimentalización al estilo de feudos administrativos de las distintas unidades operativas.


►El más grande obstáculo para la implementación de nuestras aspiraciones en políticas públicas está dado por la formación ideológica de sus cuadros superiores; ya que por ejemplo la gran mayoría de contadores, economistas, así como profesionales de todo tipo, han sido formados o por nuestra UNCuyo, o por ofertas de postgrado dentro de los parámetros de la ideología neoliberal.

Es utópico cambiar este estado de cosas mediante transformaciones abruptas que no tengan en cuenta las aspiraciones y los intereses de los empleados públicos, ya que han demostrado tener un fuerte poder de veto, que se encuentra sustentado en su capacidad de movilización, como en denunciar a toda amenaza a sus intereses en intentos neoliberales de reducción estatal.

Una política posible pasa por generar una carrera administrativa en el ámbito de la administración pública provincial que contemple el desarrollo de una carrera para todos los empleados públicos, tanto en sentido vertical, como horizontal.




La implementación de esta política debe tender a un doble objetivo. En primer lugar profesionalizar al empleado público mediante incentivos escalafonarios sustentados en los principios de mérito, capacitación y sistemas objetivos de selección y productividad como fundamentos del ingreso y la promoción de los agentes públicos.

Por otra parte formar un staff de cuadros técnicos altamente capacitados e ideológicamente orientados hacia un modelo de crecimiento económico y redistribución de la renta provincial, y no como ahora, que actúan movidos por una ideología de fondo liberal y burocrática.

No se puede seleccionar y promocionar por mérito, y exigir capacitación, dejando ésta librada a los designios del mercado, tal como sucede en la carrera docente; donde se ha conformado una verdadera industria de los cursos de capacitación con puntaje de la DGE de cuando menos dudoso valor.

El Estado Provincial debe ofrecer esta capacitación. La herramienta más eficaz sería una Escuela de Gobierno, al estilo de los ITU, pero donde la conducción política del proceso de transformación provincial tenga control sobre los contenidos ideológicos a impartir.

En resumen asumir que la Reforma Administrativa del Estado Provincial pasa por profesionalizar a sus agentes, estableciendo para ello que esta Escuela de Gobierno es la herramienta adecuada para lograrlo.


Reforma Política del Estado.


En líneas generales los distintos trabajos realizados para efectuar una Reforma Política del Estado se encuentran impregnados de la idea de reducir los “costos de la política” para el erario público, mediante una disminución la cantidad de legisladores, sin tomar en cuenta otros parámetros.

Tras ello se esconden varias ideas que no pueden explicitarse, como por ejemplo disminuir la representación de la minorías (al elegirse menos legisladores, se requieren más votos para entrar), con lo que se consolidaría el poder de los viejos partidos y de sus extensas redes clientelares.

En esta Reforma es preciso fortalecer dos puntos esenciales la bicameralidad de nuestro Poder Legislativo, que permite rediscutir bajo distintas ópticas la sanción de leyes; y la presencia de todos los departamentos en la composición ambas cámaras. Para ello debería la Legislatura debería tener la siguiente composición:

► Cámara de Diputados:

Diputados electos por Distritos Electorales, renovables por mitades cada dos años, que podrían tener la siguiente distribución departamental:

o I: Capital, Guaymallén, Las Heras y Godoy Cruz.
o II: Maipú, Luján.
o III: San Carlos, Tunuyán, Tupungato.
o IV: San Rafael, Gral. Alvear, Malargue.
o V: Lavalle, Santa Rosa, La Paz.
o VI: San Martín, Rivadavia, Junín.

► Cámara de Senadores:

Tres senadores por Departamento, dos por la mayoría y uno por la primera minoría, con un método de renovación similar al Congreso Nacional.

En este apartado de la Reforma Política del Estado debe caer la reforma de la Ley 1079 Orgánica de Municipalidades, ya que data de 1934, y es preciso adaptarla a las nuevas realidades.
Es un tema extremadamente complejo, y en el que se pueden tocar intereses contrapuestos; por ello se debería plantear la necesidad de esta reforma y plantear que el organismo encargado de redactar el anteproyecto a elevar a la consideración legislativa, debe ser el Congreso de Municipalidades que en forma obligatoria debe convocar el Ministerio de Gobierno para el próximo año.

Reforma Constitucional.

Nuestra Constitución data de 1916, y la experiencia lo ha demostrado, es casi pétrea por lo casi imposible de encarar su Reforma, excepto de un artículo por cada elección legislativa.
Es preciso construir fuertes consensos entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria sobre los siguientes temas:

► Reelección de Gobernador y Vice.
► Límites a la reelección de Intendentes y legisladores.
► Autonomía municipal.
► Mecanismos de democracia semidirecta como formas de control ciudadano al mundo de la política; tales como:

o Referéndum: Institución democrática a través de la cual el cuerpo electoral de un país o nación expresa su voluntad respecto a un asunto o decisión que sus representantes constitucionales o legales someten a su consulta.
o Plebiscito: Consulta al cuerpo electoral sobre un acto de naturaleza gubernamental o constitucional, es decir, política, en el sentido de la palabra. No gira en torno a un acto legislativo, sino a una decisión política, aunque susceptible de tomar forma jurídica.
o La iniciativa popular: Posibilidad de que cierto número de personas presenten una petición, cargo de justicia, avalada por sus firmas, para que se tome a consideración política un determinado asunto público, como puede ser una reforma de un estatuto o una ley, o incluso una enmienda constitucional.
o Revocación: Procedimiento electoral mediante el cual los electores pueden quitar de su puesto a un cargo electo.

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